Análisis del Proyecto de Ley Defensa y Seguridad Nacional de Honduras
La seguridad nacional es uno de los temas de discusión más delicados en la esfera pública contemporánea. En toda la región de América Latina, no existe un concepto universalmente aceptado en materia de seguridad nacional, en parte, por lo cambiante que es el contexto con nuevos riesgos y amenazas. Pero también radica en el hecho que, cuando se busca el bien o interés jurídico tutelado por la seguridad nacional, lo que se encuentra es una serie de conceptos que conjugan y sobreponen principios políticos (soberanía, independencia, orden constitucional) y jurídicos (vida, propiedad, derechos, libertades), lo cual arroja como resultado una fórmula que, al incluirlo todo, evade la precisión de su significado y alcances (López Portillo Vargas, 2002).
La Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ) en el año 2013 realizó un análisis del marco legal e institucional del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) como parte de unas de las primeras investigaciones a los fondos de la Tasa de Seguridad. La investigación arrojó que el diseño del CNDS refleja una especie de “Junta de Estado”, sin posibilidad de poder realizar algún control democrático, pues la separación de poderes y el Estado de Derecho se encontraban concentrados y comprometidos. Once años después de la entrada en vigor de la actual Ley Especial del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (decreto 239-2011), el nuevo Poder Ejecutivo presidido por Xiomara Castro ha introducido un proyecto de ley para derogar dicho ordenamiento y suplantarlo con la Ley de Defensa y Seguridad Nacional (LDSN).[1] La nueva legislación se inspira en la Ley de Seguridad Nacional (LSN) de México vigente desde el 2005 y que a la fecha ha tenido tres reformas legales. Dentro de las innovaciones del proyecto de ley es el desarrollo de concepto unificado de defensa y seguridad nacional debajo de la órbita del Poder Ejecutivo.
El presente documento es una contribución al debate constructivo para crear espacios de confianza y trabajo colaborativo entre los diferentes sectores de la sociedad hondureña, considerando que, en el mundo interconectado e interdependiente de hoy, la seguridad nacional es un bien público que permite el ejercicio de los demás derechos (SEDENA, 2005). El trabajo toma de la experiencia mexicana, focalizándose en tres áreas de interés: concepto de seguridad nacional, estructura del consejo y controles externos. Asimismo, identifica potenciales riesgos que el legislador ha de tomar en cuenta y presenta una serie de recomendaciones para el fortalecimiento del proyecto. Como fuentes de información, se hizo una revisión bibliográfica (leyes, informes, estudios) y una entrevista a un funcionario mexicano que fue asesor del Consejo Nacional de Seguridad en su país y actualmente ocupa un puesto en el gobierno actual.
