Antes del 2004, la administración de tierras en Honduras adolecía de muchos problemas. La principal limitante consistía en que existían muchas instituciones encargadas de manejar los distintos atributos de la tierra (uso, propiedad y valor). La Ley de Propiedad aprobada en el 2004, modificó este sistema de administración de la tierra y se estableció al Instituto de la Propiedad (IP) como encargado del registro, catastro y los sistemas de información geográfica. Con estos cambios se buscó mejorar el mercado de la tierra y se trata de eliminar las barreras que históricamente habían limitado su eficaz funcionamiento. Honduras alcanza con la Ley de Propiedad establecer un marco institucional muy apegado a los lineamientos internacionales para la administración de la tierra de la Naciones Unidas.
