Es primera vez en la historia de Honduras que una institución de la Sociedad Civil decide solicitarle al Congreso Nacional de la República y por ese medio a sus diputados, una rendición de cuentas – una auditoria social- sobre los recursos monetarios que maneja este Poder del Estado. Son recursos públicos y por tanto toda institución o persona natural está en el derecho de hacerlo y si se negase a entregarlos, existe una instancia legal establecida en el país— el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP)- que fue creado con la finalidad de garantizar a las personas su derecho a conocer la información que manejan las instituciones del Estado, excepto aquella que no puede ventilarse públicamente, por razones de Estado.
Como relatan las personas que iniciaron este trabajo en el año 2010, fueron 247 diputados/das (el 96.5% del total, entre propietarios y suplentes) los que se opusieron desde el inicio a entregar la información solicitada acerca de las subsidios distribuidas por los diputados/das. Tuvo que intervenir el IAIP para recordarles que por Ley están obligados a entregar la información que se les solicitaba.
